Hiperactividad normativa con parálisis regulatoria

A días de la posesión, el Consejo Gremial Nacional entregó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo una agenda de política pública para 2026-2030 organizada en nueve ejes. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, resumió la petición central: los inversionistas toman decisiones de largo plazo y necesitan certeza sobre las reglas del juego. El pedido incluyó respeto por las instituciones, independencia de las entidades técnicas, estabilidad regulatoria y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

La palabra estabilidad suele entenderse como quietud y ahí empieza el malentendido. Colombia expidió 1.321 normas durante 2025, cerca de cuatro por día, un aumento del 104% frente a la etapa prepandemia, según el análisis que Corficolombiana bautizó como la trampa regulatoria. Desde 2000 se han expedido 2.020 leyes, el 83% aún vigente y el país aprobó trece reformas tributarias en treinta años. Un sistema que produce a ese ritmo difícilmente puede describirse como inmóvil.

El reverso aparece cuando se mira lo que tarda. La Procuraduría identificó que a julio de 2025 dieciséis Corporaciones Autónomas Regionales acumulaban trámites ambientales superiores a 800 días, con expedientes que acumulaban entre 390 y 696 días de retraso antes de iniciar la evaluación técnica. El informe precisa que esas demoras corresponden a cuellos de botella administrativos que el sistema ha normalizado, no a discusiones de fondo. En el sector energético, obtener una licencia ambiental puede tomar entre tres y siete años.

Las dos cifras describen el mismo país. El volumen normativo y la urgencia viajan por caminos separados, de modo que una empresa enfrenta al tiempo demasiadas normas por seguir y demasiada espera para la decisión que necesita. La hiperactividad disimula la parálisis sin compensarla.

El costo aparece en los datos de inversión. La inversión extranjera directa cerró 2025 en 9.174 millones de dólares, con una caída del 14% frente al año anterior y un descenso acumulado cercano al 30% en dos años. Cada empresa destina 5.237 horas al año a trámites. Colombia ocupa el puesto 95 entre 143 en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Corficolombiana llama a ese conjunto un impuesto invisible a la inversión y la descripción funciona porque nadie lo factura y todos lo pagan.

Vista así, la petición gremial merece una precisión. Lo que permite decidir a diez años tiene menos que ver con que el Estado deje de legislar y más con que legisle con criterio, plazos conocidos y aplicación efectiva. Entidades técnicas capaces de sostener sus decisiones frente al ciclo político, cronogramas que se cumplen y normas que llegan cuando se necesitan pesan más que la promesa de no tocar nada. El “Plan Destrabe” que anunció Restrepo apunta a los trámites, que son una porción del problema y la otra porción está en cómo se decide qué se regula y cuándo.

El IMD sostiene que la competitividad en 2026 dejó de ser una cuestión de costes para volverse una de fortaleza institucional. Pedir que las reglas no cambien resulta imposible en cualquier economía viva, porque el entorno se mueve y las normas lo siguen. Lo exigible es más difícil y más útil: saber cómo se producen las reglas, en qué plazos, bajo qué criterio técnico y con qué garantía de que se aplicarán. Un país puede ofrecer esa previsibilidad mientras cambia sus normas y Colombia por ahora cambia muchas sin ofrecerla.